Charla en el Bauen 23/08/06 (Organizó L.S.R.)

Intervención de Laura Ginsberg

Buenas noches. Quería agradecer especialmente la invitación de los compañeros de la Liga Socialista Revolucionaria a participar de esta actividad. Para nosotros es muy importante porque no tenemos muchas oportunidades de debatir en foros de esta naturaleza nuestra visión del ataque a la Amia.
Quiero aclarar que nosotros no somos expertos ni conocedores de la problemática y la complejidad del conflicto en Medio Oriente pero, por supuesto, nos pronunciamos contra la agresión del Estado de Israel contra los territorios de Gaza y el Líbano. Lo hicimos el último 18 de julio y de alguna manera este conflicto bélico, nuevamente, parece poner el tema Amia en un estatus de íntima vinculación con lo que en otra oportunidad fue el momento de la voladura de la sede de la Amia.
Nuestra intención es tratar de mostrar que esta vinculación directa no es tal si no se mira en la perspectiva del papel que cumplió el Estado argentino.
No sólo en la voladura del edificio de la Amia sino también en las distintas etapas que fue sorteando el Estado argentino para ocupar el lugar que ocupa hoy en el contexto internacional y el papel que juega en la lucha contra el “terrorismo internacional” que está otra vez en el tapete.
En estos días, desde el 12 de julio para acá, si de algo “sirvió” volver a reflotar el tema Amia (sobre todo para la dirigencia de la comunidad judía y para la Embajada de Israel) fue, precisamente, para recrudecer sus diatribas contra la responsabilidad de Hezbollah en el ataque a la Amia. Es decir, esta situación actualizada del conflicto en Medio Oriente vuelve a poner sobre el tapete esta intención reiterada –y, a esta altura, casi mirada por algunos sectores como una verdad incuestionable– cuando, en verdad, no existe después de 12 años ninguna evidencia contundente que vincule el accionar de Hezbollah con la voladura de la Amia.
No sólo no hay evidencia sino que ni siquiera Hezbollah, ni Hamas ni la Jihad islámica, ni cualquier otra agrupación, se adjudicó la voladura de la Amia ocurrida en 1994.
Lo que sí existe y lo que sí se ha acumulado a lo largo de estos 12 años es la responsabilidad que tiene el Estado argentino en este ataque. El Estado argentino ha participado, no solamente en el encubrimiento sino que ha participado en la comisión misma de este crimen que nosotros caracterizamos como un crimen de terrorismo de Estado.
Muchas veces, cuando tratamos de abordar este tema, nos damos cuenta de que existe entre la gente la sombra de que esto ha sido un ataque que vino “de afuera”.
El Estado argentino mismo se ha puesto en víctima. El año pasado el Gobierno firmó el famoso decreto del “Duelo Nacional” para el 18 de julio, diciendo que el Estado nacional había sido víctima del accionar terrorista de grupos supuestamente islámicos. Poco tiempo después, otro decreto reconoció, mezquinamente, la responsabilidad del Estado en el encubrimiento.
El Estado argentino da para estas dos cosas, lo que en un sentido es la muestra del rol que ha jugado tanto en el encubrimiento como en la criminalidad misma.
Supongamos que Hezbollah sí participó (aun sin evidencias). Lo único que pudo mostrar el Estado argentino hasta hoy es que, supuestamente, hubo un joven de 21 años, apellidado Berro, que se inmoló en la mutual judía. Con esto trata de demostrar, por supuesto con evidencias que no existen, la responsabilidad del inmolado. Pero aun cuando el inmolado hubiera existido, y hubiera sido ese individuo, el Estado argentino no puede explicar –y por eso el tema Amia “no cierra”– cómo este “terrorista suicida” llegó a Buenos Aires, pudo disponer de una zona liberada; pudo contar con la provisión de vehículos; de helicópteros que vigilaban la noche anterior al atentado; pudo disponer de toda la logística que sólo le pudieron haber provisto las fuerzas de seguridad e Inteligencia de la República Argentina…
Vale decir que, aun en el caso de que hubiera existido el suicida, todavía el Estado argentino no puede decir ni “mu” sobre todo lo que el Estado mismo aportó para que este supuesto terrorista viniera y se inmolara en las condiciones en que supuestamente lo hizo.
De manera tal de que el tema Amia –otra vez, y en el medio de esta situación internacional– vuelve a reforzar nuestras posiciones. Aquí no se trata de endilgarle una responsabilidad criminal a un supuesto terrorista del que todavía ni se pudo demostrar su existencia, sino corroborar que es el Estado argentino el que tuvo una participación concreta no sólo en el encubrimiento sino en el crimen mismo.
Quiero aprovechar esta oportunidad –porque no tenemos posibilidad de debatir con otros sectores de la izquierda de esta manera– para decir: ¡qué bueno que podamos estar acá y traer el tema de la Amia!
Porque durante todos estos años –desde 1995 para acá, cuando los familiares empezamos a movilizarnos y a empaparnos del tema, primero desde lo jurídico y después intentando conocer porqué había ocurrido todo–, desde entonces, la izquierda en general no ha tomado el tema Amia en sus propias manos como una bandera de lucha contra la criminalidad del aparato del Estado,
Y esto lo traigo a colación porque poco tiempo después del atentado, algunos sectores de la izquierda con los cuales nosotros tenemos hasta el día de hoy debates realmente difíciles, se manifestaron diciendo que la voladura de la Amia había sido un hecho casi “progresivo”, porque significaba un progreso de la lucha del pueblo palestino por sus derechos y por su territorio en Medio Oriente.
Y lo cierto es que reivindicar estas posiciones 12 años atrás fue uno de los obstáculos que se nos presentaron precisamente para poder acusar a quien es el verdadero responsable. Un responsable que poco tiene que ver con lo que significa la lucha por la liberación de un pueblo como el palestino, y sí mucho tiene que ver con las excusas –como hablaba recién Jorge– que sí utiliza el Estado argentino para cubrir sus propios crímenes. Las excusas fueron mucho más que excusas porque, en realidad, fueron verdaderos acuerdos que el Estado argentino fue construyendo en todos estos años para encubrir sus propias responsabilidades.
Yo creo que si la izquierda hubiera acompañado el reclamo de los familiares, primero al gobierno de turno y después –en una comprensión más amplia– como una denuncia contra el Estado argentino mismo, la historia tal vez hubiera sido otra. Esto realmente dividió aguas hasta tal punto que para lo único que sirvió esa óptica, fue para abonar el mismo discurso que hoy la Embajada de Israel y la dirigencia judía sostienen: que el responsable es Hezbollah, y que ellos fueron víctimas de una agresión extranjera.
Por eso, cuando nosotros decimos que condenamos la agresión de Israel contra los pueblos palestino y libanés, es porque entendemos que la única manera de consolidar las posiciones de determinación de los pueblos es luchando contra los Estados mismos. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros hoy con el tema Amia.
Creo que el conflicto en Medio Oriente hoy actualiza nuestras posiciones porque siempre denunciamos que lo de Amia no hubiera ocurrido si no hubiera existido el acuerdo expreso de los Estados Unidos y de Israel. Nunca hubiéramos llegado a esta situación si no hubiera sido que el Estado argentino contó con esos apoyos de toda naturaleza, fundamentalmente los acuerdos políticos que han tejido.
Por eso, hoy nuestra preocupación también se manifiesta porque vemos que detrás del conflicto en Medio Oriente, y de la mano con la impunidad que hay en la causa Amia, cómo se retoman los viejos argumentos que se enunciaban poco tiempo después del atentado: “hubo una implosión en la Amia; los judíos se pusieron la bomba…”; todos discursos que poco tienen que ver con la realidad a lo largo de estos 12 años. Años donde los tres poderes del Estado actuaron de la misma forma, independientemente de los funcionarios y los gerentes de turno. De alguna manera, ninguno de los interrogantes que hoy siguen planteados se pueden responder si no es en el marco de la apertura de los archivos que el gobierno de Kirchner sigue manteniendo cerrados.

Cuando nosotros decimos que a veces es difícil hablar del tema Amia en estas circunstancias, nos queda claro que aquello que comprendimos como la acción criminal del Estado argentino contra la población civil en la Amia, ocurrió en un contexto internacional. Recién Jorge decía que a partir del 11 de septiembre de 2001 los Estados Unidos se lanzaron a la conquista del mundo. Creo que si bien es cierto que esta fecha tiene todo un significado, porque a partir de ahí empezaron todas las invasiones, no es menos cierto que la Argentina cumplió un papel desde varios años atrás. Desde principios de la década de 1990, con la bomba en la Embajada de Israel, y con la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, la Argentina se convirtió en un verdadero laboratorio de preparación de estas políticas terroristas que, tal vez, a partir de septiembre del 2001 le permitieron a los Estados Unidos invadir Afganistán, Irak, etcétera.
Cuando hablamos de laboratorio de preparación de estas políticas no negamos la dimensión de esos hechos sino que vemos las evidencias locales. Las evidencias son que a partir de la voladura de la Embajada de Israel, la Argentina empezó a ocupar un sillón en la OTAN. Este ascenso vertiginoso que el Estado argentino tuvo durante la última década, lo lleva hoy a ser prácticamente el “país estrella” de los Derechos Humanos en el mundo. Ocupa, precisamente, una oficina en la dependencia de los Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas.
Este crecimiento que ha tenido la Argentina en esta materia sólo es posible por el papel que jugó como laboratorio de la preparación de las dos bombas y especialmente la de la mutual de la Amia y, por supuesto, por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Allí la Argentina mostró que es un lugar confiable para Estados Unidos y sus políticas en Medio Oriente, y para la imposición de esas políticas de terror porque, acá, la impunidad está garantizada con la firma y el sello del Estado argentino.
Uno podrá buscar o discutir cuál fue el autor intelectual. Nosotros no descartamos que haya intervenido Irán; tampoco que hayan intervenido los Estados Unidos o Brasil o Israel mismo. Todos ellos sabían que el atentado iba a ocurrir por segunda vez en Buenos Aires. Por eso es que si no se abren los archivos secretos que el Estado argentino sigue ocultando, poco vamos a saber de esos vínculos y poco vamos a entender cómo fue la situación que permitió que todos estos socios del Estado argentino pudieran, además de colaborar en la colocación de la bomba, encubrirlo durante todos estos años.
De manera tal que la búsqueda del autor intelectual es, en un sentido, un tema menor. Acá lo importante es quién puso la mano de obra materialmente necesaria para concretarlo. Y en esto el Estado argentino se lleva todas las palmas. Pero insistimos en que estemos atentos, porque la responsabilidad no es de Hezbollah; no es de un conflicto en Medio Oriente, sino que aquí hay una responsabilidad concreta que tiene que ver con la participación del Estado nacional.
Desde Apemia proponemos hoy más que nunca, ante esta situación, la apertura de los archivos secretos. Sólo de esa manera vamos a poder entender cuál fue el papel de la Argentina y qué papeles cumplieron sus socios.
Finalmente, tratar de comprender estos vínculos para establecer por qué la Argentina fue el territorio en donde estás políticas pudieron prepararse. Aquí se prepararon las políticas de terror, de la guerra y de la invasión… Y esto no termina acá, esto recién empieza.
La Argentina sigue siendo un objetivo. Todos leen los diarios y saben que en la Triple Frontera se está armando un “comité regional de lucha contra el terrorismo”. La excusa es que por ahí pasa un movimiento de capitales que financia a Hezbollah… pero lo concreto es que vamos a tener a los gendarmes del mundo en la Triple Frontera. Todo con la excusa de la causa Amia (que es apta para todo este tipo de “servicios”). También sirve para la confección de la ley antiterrorista, un viejo proyecto que cada tanto reflotan los que ahora –después de la visita de la delegación del Congreso Judío Mundial, el último 18 de julio, y de las reuniones que mantuvieron con Kirchner– quieren concretar. La Argentina ha entregado todo; la Argentina ocupa un lugar en la lucha contra el terrorismo en el concierto de las naciones; la Argentina tiene que sancionar la ley.
Todas estas políticas no son nuevas, las generó Corach. Empezaron allá por los años 1998-99 consolidando el grupo del “3 más 1” que hoy se traduce en esta comisión regional de lucha contra el terrorismo.
Nosotros planteamos que para luchar contra la impunidad del Estado argentino y las políticas de terror del Estado argentino, hay que exigir la inmediata apertura de los archivos secretos y la entrega a una comisión investigadora independiente del Estado. No sólo para saber qué es lo que ocurrió sino, además, para dar un paso adelante en las luchas contra el Estado en estas políticas de terror que nos siguen imponiendo.
Gracias.

ACTO DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2004

REPUDIAMOS LA CONSAGRACIÓN DE LA IMPUNIDAD



















DISCURSO ACTO DE REPUDIO DEL 3-9-04

Hoy, 10 años después de la masacre de nuestros familiares y amigos en esta misma calle, y a pocas horas de finalizado el juicio oral, estamos aquí para repudiar un veredicto infame, producto de un juicio fraudulento, que acaba de poner en libertad a los pocos acusados por la masacre impune de la AMIA, todos ellos vinculados a la Policía Federal, a la Bonaerense y al Servicio de Inteligencia del Estado. Compartimos con ustedes el dolor y la tristeza que nos produce tanta infamia. Durante años advertimos que el conjunto de los poderes del Estado y hasta las querellas que supuestamente nos defendían, nos arrastraban a este desenlace. Durante años, apenas un puñado de familiares y amigos denunciamos y nos opusimos con todas nuestras fuerzas a cada una de las maniobras que desde la Presidencia de la Nación, las embajadas extranjeras, el Poder Legislativo y el mismo Poder Judicial, realizaban contra nosotros en nombre de la “verdad” y de la “justicia”. Aquí estamos de pie. Vinimos a denunciar tanta miseria, tanta infamia, y a responder al desafío de cambiar el rumbo para terminar con la impunidad. Alguna vez tuvimos que escuchar, incluso de boca de Duhalde o de algunos diputados arropados de progresistas que pretendían ser intérpretes de nuestros sentimientos, que había que “disculpar” o “perdonar” a los familiares de las víctimas. Cada vez que acusábamos al Estado por sus responsabilidades criminales, nos decían: “pobrecitos... dicen pavadas porque están dolidos”. Ahora... que el juicio terminó garantizando la impunidad de los criminales y del Estado mismo. Ahora... que los hechos nos han dado la razón. Ahora... cuando ya pasaron 24 hs. y el Presidente Kirchner mantiene la boca cerrada, mientras los abogados de todas las querellas salieron como bomberos a defender el fracaso de un juicio al que siguen considerando “justo”. Ahora... los que venían a hablar en nuestro nombre y prometían superar la “vergüenza nacional” de la investigación, mantienen cerrado el pico y son incapaces de explicar qué pasó, cómo se pudo llegar hasta aquí, y cuál es su propia responsabilidad en esta trama de impunidad. Entonces somos nosotros, otra vez, los que superando tanto manoseo y el dolor en el que pretenden hundirnos, venimos a compartir con ustedes nuestras reflexiones y dar respuesta a tantos interrogantes. Por eso levantamos esta tribuna. Por eso ellos no están aquí: se callan la boca y se solidarizan con la impunidad! Al igual que el 18 de julio pasado en Plaza de Mayo, nos sentimos muy bien acompañados aquí. Aquí estamos junto a otros familiares y amigos de las víctimas del ataque a la AMIA, junto a las organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos, que enfrentan el accionar criminal del Estado y la impunidad. Aquí estamos, apoyados en una conciencia de lucha por la búsqueda de la verdad, en contra del Estado que la oculta. La primer pregunta que nos formulamos y que hay que responder es la siguiente: Con este fallo... estamos un paso más cerca de la “justicia” o de reforzar la impunidad en nombre de la defensa del “estado de derecho”?. El juicio oral, calificado de “histórico” por la querella unificada de AMIA/DAIA y de “justo” por Memoria Activa, acaba de terminar la tarea para la cual fue pergeñado. Desde el principio, todo se armó buscando salvar las dificultades que tuvieron para liberar a este puñado de acusados de integrar la llamada “conexión local”, vinculados a la Policía bonaerense y a los servicios de inteligencia del Estado. Jueces, fiscales, espías, torturadores y enviados gubernamentales negociaron con ellos desde el comienzo, con el objetivo de preservar la responsabilidad criminal del Estado mismo en este ataque terrorista. Los mismos jueces que anularon la causa brigadas, que anularon el allanamiento a la casa de Telleldín, que absolvieron a Telleldín hasta del delito de adulteración de documento público y a Ribelli del de extorsión, no anularon todo el juicio para cubrirse sus propias espaldas y las del Estado encubridor. Estos mismos jueces que hoy se arrogan la acreditación del pago de $400.000 a Telleldín, ocultan que ese pago está acreditado desde hace dos años en la causa que Bonadío deliberadamente cajoneó para no atentar contra la sustanciación del juicio. Los mismos jueces que durante los tres años de juicio se negaron a exigirle al Poder Ejecutivo de turno la entrega de los archivos secretos del Estado referidos al atentado donde se esconden las pruebas de su accionar criminal, y que negociaron con Duhalde y Kirchner mantenerlos en secreto, terminaron su trabajo poniendo en la calle a los acusados... por “falta de pruebas”. Entonces... Qué tiene este jucio de “histórico” o de “justo”? ¡Con la libertad de los acusados en la masacre de la AMIA, se agrava la impunidad!. Pero aunque parezca increíble, los abogados y las instituciones que pretenden representarnos dicen lo contrario... Ellos comparten los mismos argumentos con Telleldín, Ribelli y compañía. El llamado “juicio histórico y justo” resultó ser un verdadero fraude y liquidó cualquier esperanza de obtener justicia de la mano de instituciones y funcionarios que se esforzaron por “judicializar” este verdadero acto de terrorismo de Estado en democracia. Ahora que esta farsa judicial se terminó, estamos en presencia de un hecho único en el mundo: los acusadores y los defensores se pusieron de acuerdo en reivindicar este fallo infame, porque -dicen- se trata de jueces independientes que van a puntualizar las irregularidades cometidas durante el proceso. Pretenden confundirnos una vez más. Nosotros decimos: estos jueces no son independientes ni lo podrían ser. Hace ya varios días, en un artículo publicado por el diario La Nación, un ministro de máxima confianza del Presidente se atrevió a reconocer bajo condición de anonimato que -textual- “sería peor para la imagen internacional de la Argentina que hubiera condenas. ‘Eso sí hablaría mal del Gobierno’”, dijo el ministro. Por eso no hubo condenas... Respondieron a las órdenes de la Presidencia de la Nación y a la presión de los mismos Estados aliados que durante 10 años encubrieron su propia criminalidad, enviaron a sus propios servicios secretos a investigar el atentado a la AMIA, se negaron a revelar sus conclusiones y aún hoy presionan por mantener los archivos secretos argentinos bien cerrados. Cuando un ministro de la máxima confianza del Presidente hace este brutal reconocimiento y envía la señal esperada por los jueces, tiene que esconderse en el anonimato. Conspiran en silencio... Por eso prefieren mantener la boca cerrada. Y después nos vienen a prometer futuras investigaciones. Ahora... para mostrarse “ecuánimes”, los jueces prometen armar decenas de nuevas causas por las irregularidades y delitos cometidos por funcionarios públicos y hasta por los mismos recién absueltos de culpa y cargo. En estas condiciones, alguien puede creer que los nuevos pedidos de investigación pueden tener un destino mejor que las 75 causas conexas que ya se están tramitando? Qué criterios de independencia o de ecuanimidad pueden tener estos jueces que después de mostrarse críticos con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con el mismo Poder Judicial, que después de anular las pruebas más evidentes de la participación de los policías y agentes de la SIDE son incapaces de hacer una acusación formal contra el Estado al que ellos mismos protegieron con su fallo? La respuesta no deja lugar a dudas... El Estado termina armando cientos de causas para exculparse a sí mismo de sus responsabilidades criminales. Ni los jueces ni el juicio son sinónimos de independencia o ecuanimidad. Son lo opuesto al reclamo de justicia. Durante 10 años, cada uno de los Ejecutivos, cada uno de los Legislativos y todas las instancias del Poder Judicial, concretaron la decisión política de votar leyes y firmar más de una docena de decretos para favorecer a los ahora liberados y para encauzar el tema AMIA hacia la impunidad. Es más: los mismos funcionarios de inteligencia que, desde Menem para acá, están cuestionados por su directa participación en el encubrimiento, son los mismos que custodian la documentación que, a pesar de las promesas de apertura que hizo Kirchner, sigue siendo secreta. Son los mismos funcionarios de inteligencia y del Ministerio de Justicia los encargados de concretar la política del Estado de incriminar al “terrorismo internacional” desvinculando de cualquier responsabilidad al Estado argentino mismo. Son las querellas que dicen hablar en nuestro nombre las que deliberadamente minimizan la gravedad que tiene la libertad de los criminales y el reforzamiento de la impunidad de las políticas de Estado. Lo hacen para justificar el fracaso de los jueces y el de ellos mismos en su esfuerzo por avalar las políticas encubridoras del Estado. Bajo la dirección de las ya fracasadas querellas de DAIA/AMIA y de Memoria Activa, bajo la dirección de la ya fracasada Unidad Especial de Investigaciones AMIA del Ministerio de Justicia y la de sus socios de la SIDE, no hay nuevas esperanzas, ni nuevas causas ni salida alguna contra la impunidad. Ahora...quienes desde la prensa oficial acompañaron toda esta construcción político-jurídica de la impunidad de las instituciones del Estado durante los últimos 10 años, hoy rescatan la “valentía” de estos jueces miserables, con la esperanza que sean ellos mismos los que conduzcan la renovación del repodrido sistema judicial y de su “estado de derecho”. No cuenten con nosotros! No nos vamos a sumar a nuevas maniobras ni a nuevos manoseos! Quienes depositen su confianza en estos manipuladores profesionales, volverán a terminar en la desesperanza, en el sentimiento de traición y frustración, y con la sensación de que nada vale la pena. Ni los escribas oficiales, ni los funcionarios del gobierno, ni las instituciones que suponen tener alguna representación nos van a desviar de nuestros reclamos, de nuestras denuncias y de nuestras exigencias. Todos ellos, repetimos, ya fracasaron. Pero entonces... qué hacer? Hay alguna alternativa? NOSOTROS DECIMOS QUE SÍ! La responsabilidad por nuestro futuro la empezamos a construir nosotros mismos. Por ello creemos necesario cambiar el rumbo y no seguir dependiendo de las políticas y maniobras de todos estos fracasados. Creyeron que con este fallo miserable iban a poner punto final a nuestros reclamos, que no podríamos salirnos del lamento. Se equivocan!!!. Este NO es el último acto que realizaremos en conjunto para sostener nuestra voluntad y compromiso de lucha. Es el primero, y es un éxito! Con distintas excusas, hace años nos dividieron para facilitar las políticas de encubrimiento. Desde APEMIA les reiteramos nuestra propuesta del 18 de julio pasado a todos los familiares de las víctimas de la masacre de la AMIA: vayamos juntos, nuevamente, llevando nuestros reclamos comunes. Les proponemos luchar por la apertura de los archivos secretos del Estado. Abrirlos es una tarea imperiosa. Piensen que la única decisión que tomó el Tribunal antes de largar a los acusados fue preservar los secretos de Estado que negociaron con Duhalde y Kirchner. Nosotros presentamos una alternativa política... a las políticas de impunidad del Estado y de sus socios locales. En este esfuerzo común no vamos a estar solos. Los familiares de las víctimas del gatillo fácil, de los desaparecidos, de la violencia institucional, los familiares de las víctimas del Puente Pueyrredón, de Río III o de los crímenes más recientes, ya pueden ver su propia imagen en el espejo de la AMIA: la impunidad de las políticas de Estado pulveriza toda ilusión de justicia. Por eso, abrir los archivos secretos es una causa común. La apertura de los archivos secretos es un golpe en el corazón de la política terrorista de Estado. Desde APEMIA iniciamos una campaña nacional reclamando la apertura de los archivos secretos. Adhieran con su firma al petitorio que estamos haciendo circular. Les pedimos que lo hagan propio y que lo difundan. En poco tiempo más, este petitorio será entregado a las autoridades nacionales junto a todas las organizaciones y personalidades que nos acompañan. Los familiares de las víctimas presentes en este acto saben de lo que estamos hablando. Ellos también han sufrido el maltrato y las intimidaciones de la SIDE, han pedido documentación adicional que nunca les fue entregada, han pedido los informes de los servicios extranjeros de terceros países que, como por arte de magia, pareciera que no existen, al igual que los cassettes. Nuestro reclamo para que “abran los archivos secretos” está íntimamente vinculado a la necesaria formación de una Comisión Investigadora Independiente del Estado para que los analice. Porque dejar los archivos en manos de quienes ocultaron las responsabilidades criminales del Estado, y ahora, después del juicio fraudulento, nos vienen con segundas partes de juicios igualmente impotentes, sería un verdadero despropósito. ¿Alguien puede imaginarse a un diputado o senador, a algún juez o fiscal, a algún abogado de la segunda línea del Estado analizando esa información, sin deformarla u ocultarla? En un país que enfrenta la descomposición de los aparatos judicial, legislativo y de seguridad, no se puede confiar en las segundas partes que ofrece el Estado, no se debe confiar en la promesa de una versión 2 de los juicios cuando la versión 1 acaba de liberar a los asesinos, ni siquiera se puede creer en un reclamo de “investigación de la investigación mal hecha” en manos del mismo aparato del Estado que maquilla sus políticas encubridoras designando a algún funcionario probo. Para que el árbol no nos tape el bosque, se trata de enfrentar al conjunto del aparato del Estado y no sólo a sus funcionarios corruptos. Por eso hay que cambiar el rumbo. Hay una salida contra la impunidad y es enfrentar al Estado que la organiza y nos la impone. Lo enfrentaremos junto a todas las organizaciones que nos acompañan en este que, pretendemos, sea un reclamo nacional. Queridos amigos: Antes dijimos que el gobierno Kirchner mantiene la boca cerrada. Durante los 15 meses de su gobierno firmó una decena de decretos. Con los primeros, reforzaba a Galeano.... con los siguientes preparaba el camino para la absolución de todos los inculpados. Y cuando se cumplían 10 años del atentado, el gobierno Kirchner que prometió abrir lo que sigue manteniendo cerrado -los archivos secretos- hizo desaparecer nuevamente las pruebas de los cassettes. De este modo, Kirchner se puso a la altura del encubrimiento que primero organizaron Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá y Duhalde. Queremos advertir a toda la sociedad que en las oficinas de la Presidencia de la Nación, donde creen que lo mejor que pueden hacer es mantenerse en silencio, se preparan para hacer nuevos anuncios. El gobierno, que abandonó la persecución de la conexión local y jamás denunció la complicidad de sus socios internacionales en tanto encubrimiento, se prepara para anunciar la formación de una “CONADEP” de la AMIA. Advertimos que se trata de una nueva maniobra. Hace 20 años, con el informe “CONADEP” en la mano, se armaron los juicios que terminaron en la condena a los comandantes. Hoy es al revés: con un juicio oral terminado y fracasado, sustanciado con pruebas que se guardan en archivos secretos cerrados ¿para qué serviría una “comisión NO investigadora” integrada por funcionarios del mismo Estado que se dedicó a encubrir sus responsabilidades criminales durante estos 10 años?. Por eso, sólo a través de la integración de una Comisión Investigadora Independiente del Estado podremos analizar los contenidos de los archivos secretos, conocer toda la verdad y juzgar y castigar las responsabilidades criminales del Estado. A 10 años de la masacre de la AMIA A 9 años de la masacre de Río Tercero A 3 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre A 2 años de la masacre del Puente Pueyrredón A pocos días de la brutal represión en Plaza de Mayo Y cuando día a día se suman más víctimas del gatillo fácil, decimos Basta de impunidad!!! Abran los archivos secretos!!! Por una Comisión Independiente del Estado!!! Castigo a todos los culpables!!!
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