Maniobras electorales en nombre de Nisman - Artículo de Opinión publicado en el Diario La Nación del 17-02-2015
Martes, 17 de Febrero de 2015
Con la denuncia y posterior muerte
del fiscal Nisman se desencadenó una de las crisis
políticas más intensas de los últimos 30 años. Su muerte ha quedado inscripta
en la conciencia popular como un crimen político asociado a la masacre impune
de la AMIA, a la criminalidad del Estado y de sus servicios de inteligencia. Ésta
es la esencia de la grave crisis
política e institucional que envuelve al Gobierno, a la
oposición y a los tres poderes del Estado.
¿Qué papel juegan el oficialismo, la
oposición y las instituciones para superar esta crisis ante el
repudio social generalizado? Tanto el Gobierno como la oposición, y hasta los
fiscales, repiten que "hay que dejar actuar a la Justicia" y
"preservar su independencia". Es hipócrita. Son los mismos que en los
últimos años facilitaron o aceptaron las presiones de la ex SIDE sobre jueces y
fiscales.
La única
iniciativa del oficialismo para recuperarse del shock de la muerte del fiscal
fue apurar una ley que, en nombre de "disolver" la Secretaría de
Inteligencia, propone una reestructuración que agrava todos los problemas que
dijo venir a resolver: recontrata a todos los espías para ponerlos bajo la
dirección del general Milani; impide el acceso a la información secreta por los
próximos 25 años, incluso para el juez que se atreva a pedirla, y facilita el
manejo espurio de los fondos públicos para sus actividades delictivas. Es una
ley que refuerza el secreto, viola la legislación interna y genera más
impunidad. Una nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman y sin
esclarecer el atentado contra la AMIA.
El Gobierno
aún no pudo definir qué quiere hacer con la fiscalía especial AMIA. ¿Acaso
piensa reforzar la orientación anterior al Memorándum que exigen el Estado de
Israel y las direcciones de la DAIA y la AMIA, contra Irán? ¿O está dispuesto
el Gobierno a orientar la investigación hacia la acción criminal de los
servicios de inteligencia que entorpecieron la investigación del atentado y
encubrieron la responsabilidad del Estado argentino en aquél? Incapaz de
resolver esta tensión, ni siquiera puede decidir quién va a dirigir esa Unidad
Fiscal y hacia dónde.
Por su
parte, la oposición no consigue diferenciarse del Gobierno, con el agravante de
que varios de los opositores de hoy, como Alberto Fernández, Sergio Massa, el
ex ministro de Justicia Alberto Iribarne y el propio Macri, desde sus cargos de
gobierno, ya participaron en la trama del encubrimiento criminal o apoyaron la
acusación internacional. Aun cuando parecen oponerse a la nueva ley de
inteligencia, no formulan ninguna propuesta sobre el tema.
Cuando el
Gobierno y la oposición reconocen la dependencia de jueces y fiscales respecto
de los servicios de inteligencia, el reclamo que hacen de "dejar actuar a
la Justicia" propone mantener el aparato del Poder Judicial tal como está,
corrupto hasta la médula e inficionado por los servicios de inteligencia. Si
hasta los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, en el fallo de
inconstitucionalidad del Memorándum, reconocieron la incapacidad del Poder
Judicial para esclarecer el atentado. El resultado son 21 años de impunidad y
encubrimiento en el atentado contra la AMIA.
Hay quienes
alentados por las direcciones de la DAIA y la AMIA promueven la derogación del
Memorándum y reclaman que la Corte Suprema investigue la muerte de Nisman y el
atentado mismo. Pero derogar el Memorándum no impulsa ninguna investigación de
la verdad, mientras que forzar la intervención de la Corte Suprema implica
violar la Constitución y garantizar la impunidad. Vale la pena recordar que la
Corte liquidó cualquier investigación del atentado contra la embajada de
Israel, facilitó que Menem no fuera imputado por la voladura de Río Tercero y
dejó en libertad al ex comisario Castañeda, responsable de la desaparición de
los casetes que contenían pruebas de la causa AMIA.
Si dejar que
el Poder Judicial actúe es la propuesta del oficialismo y de la oposición, a
sabiendas de los más de 20 años sin respuestas en el crimen de la AMIA, ¿qué
podemos esperar del esclarecimiento de la muerte de Nisman y su denuncia contra
el Gobierno?
Con la
excusa de la muerte de Nisman y su denuncia, el llamado "consenso
parlamentario" del sector mayoritario de la oposición no se propone
abordar el esclarecimiento del crimen de la AMIA. Se trata, entonces, de una
maniobra electoral y de presión sobre el Gobierno que pretende dar por
esclarecido el atentado al acusar a Irán, cuando el propio juez de la causa
AMIA admitió que la acusación es apenas una hipótesis.
No tienen ni
idea de cómo superar 21 años de manipulación, secretos, encubrimiento e
impunidad.
Son los mismos que adhieren a la
marcha del silencio de mañana llamada por los fiscales
federales. Los fiscales, que dicen ser la representación y la voz del interés
general, exigen marchar en silencio. Pero el esfuerzo por amordazar a los
manifestantes de ninguna manera podrá ocultar el repudio social al
encubrimiento, los secretos de Estado y la corrupción que ellos mismos no
denunciaron hasta hoy.
Ya es tiempo
de superar estas políticas que nos llevan de fracaso en fracaso.
Un grupo de
intelectuales acaba de pronunciarse por una "comisión de esclarecimiento
del atentado" convocada por y dependiente del Poder Ejecutivo. Son
conscientes de que la impunidad en el crimen de la AMIA "horada la
democracia argentina y deslegitima a instituciones del Estado, así como a
partidos y dirigencia política". Para limitar sus consecuencias no
proponen la búsqueda de la verdad, sino el mejoramiento institucional. Por eso
no plantean ni abrir los archivos secretos ni cuestionar el desempeño de jueces
y funcionarios.
Nosotros
tenemos otra propuesta. Para terminar con la impunidad y esclarecer el atentado
contra la AMIA es indispensable constituir una comisión investigadora
independiente en el Parlamento, integrada por una mayoría de referentes
incuestionables del pueblo argentino, los familiares de las víctimas y una
representación minoritaria de diputados y senadores.
Para que la
comisión pueda hacer su trabajo es indispensable la apertura de todos los
archivos secretos sin distinción de jerarquía de clasificación y sin tener que
esperar otros 25 años, como plantea la futura ley de inteligencia.
Así podremos
alcanzar la verdad e impulsar el juicio y el castigo para todos los culpables.
apemia2002@yahoo.com.ar
Discurso de Laura Ginsberg en el Acto Contra la Impunidad del 4 de Febrero de 2015
Miércoles 4 de Febrero de 2015
Han pasado 17 días de la muerte
del fiscal Nisman. Seguimos consternados e indignados, tanto por la brutalidad
de su desaparición física como por las consecuencias políticas e institucionales
que trajo aparejadas. Volvieron los recuerdos y los temores de crímenes
políticos de un pasado que creíamos haber superado.
Nisman había sido elegido por el
ex presidente Néstor Kirchner como fiscal a cargo de orientar la investigación
del atentado a la AMIA hacia la responsabilidad de Irán, para lo cual trabajó
de la mano de Stiusso y sus secuaces durante una década, manipulando informes
de inteligencia que hasta hoy permanecen ocultos. Aún así, no pudo probar nada.
Con la muerte del fiscal no sólo
se cierra formalmente el capítulo de la acusación internacional contra Irán que
lo tuvo como protagonista, sino que además se entierra lo que queda de la
llamada “causa AMIA”.
Una vez que el gobierno argentino
firmó el Memorando con Irán, el fiscal Nisman quedó aislado. Lo habían dejado montando un
caballo equivocado en la mitad del río. Después de insistir con su acusación, cambió
el planteo y terminó
por denunciar al gobierno por encubrimiento después de ocho años de escuchas
telefónicas. Nisman impulsó la acusación internacional sabiendo que el gobierno
jugaba a dos puntas: por un lado, promovía su acusación contra Irán junto con
Estados Unidos e Israel, mientras que por el otro buscaba un acuerdo político
con Irán.
Con su última denuncia, el fiscal
sumó las políticas de 12 años de gobierno Kirchner a la “vergüenza nacional”
anterior, totalizando 20 años de encubrimiento e impunidad en el atentado.
La muerte de Nisman está
inscripta en la conciencia popular como un crimen político asociado a la impunidad
de la masacre de la AMIA, que todos vinculamos al accionar criminal de los
servicios de inteligencia que entorpecieron la investigación del atentado y
encubrieron la responsabilidad del Estado argentino en el mismo.
Esta
es la esencia de la grave crisis política e institucional que envuelve al
gobierno, a la oposición política y a los tres poderes del Estado.
Nisman
ya no está y el gobierno trata de controlar las consecuencias políticas de su
muerte, presentándose como una víctima de Stiusso, su principal operador en el
Servicio de Inteligencia, que creció al amparo de la dirección política del
Estado nacional desde los tiempos de la dictadura militar.
¿Qué nos proponen ahora para
superar esta crisis?
Por una parte, la Procuradora
Gils Carbó busca mantener la Fiscalía a flote. Sin embargo, para encarar una
futura investigación, no se propone revisar la orientación que siguieron en el
pasado. Entonces, si van a ir por el mismo camino que nos trajo hasta acá, lo
cierto es que no van a dar respuesta a nuestra exigencia de verdad y justicia.
No tienen ni idea de cómo superar
20 años de manipulación, secretos, encubrimiento e
impunidad.
La investigación sobre la muerte de Nisman parece transitar el mismo camino. Asistimos a un momento de profunda descomposición
política que el gobierno de Kirchner pretende remendar con fiscales probos y
renovados.
Por otra parte, la Presidenta
Kirchner convocó a sesiones extraordinarias en el Parlamento para tratar la
reforma de la Secretaría de Inteligencia. La Presidenta anunció la “disolución”
de la Secretaría de Inteligencia cuando apenas se propone una reestructuración
burocrática, un maquillaje, sin dar a conocer la nómina de todos los espías ni
mostrar todos los archivos secretos que sigue manteniendo ocultos. Habla de
“disolución” pero los re-contrata a todos para ponerlos bajo la dirección de
Milani.
Su
iniciativa no termina con la criminalidad y prolongará la impunidad. Se trata
de una nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman sin esclarecer el
atentado a la AMIA.
En pleno año electoral, la
oposición de Massa y Macri insisten en “dejar actuar a la justicia”. En este
punto, no se diferencian en nada del gobierno de Kirchner, con el agravante que
varios de los opositores de hoy como Alberto Fernández, Sergio Massa, el ex
Ministro de Justicia Iribarne y el propio Macri, desde sus cargos de gobierno,
ya participaron en la trama del encubrimiento criminal o apoyaron la acusación
internacional para esconder las responsabilidades propias del Estado argentino
en el atentado.
Alentados por las direcciones de
DAIA y AMIA, sus propuestas son derogar el Memorando e involucrar a la Corte
Suprema en la investigación de la muerte de Nisman y en el atentado a la AMIA.
Pero derogar el Memorando no impulsa ninguna investigación de la verdad,
mientras que entregarse a la Corte Suprema implica garantizar la impunidad por
otros 20 años más. Vale la pena recordar que la Corte liquidó cualquier
investigación del atentado a la Embajada de Israel, facilitó que Menem no fuera
imputado por la voladura de Río III y dejó en libertad al ex comisario
Castañeda, responsable de la desaparición de los cassettes conteniendo pruebas de
la causa AMIA.
Como si fuera poco, Massa y Macri
junto a la dirección de DAIA y AMIA, insisten en la reforma del Código Penal
para facilitar el “juicio en ausencia” contra los iraníes, como si alguien
creyera que así se logrará saber la verdad sobre el atentado.
El
oficialismo y la oposición no pueden mostrar una sola idea creíble para
resolver los crímenes de la AMIA y del fiscal. Ni se lo proponen. No nos
engañamos ni nos sumamos a propuestas distraccionistas.
Si lo que está en juego es
“terminar con la impunidad”, no se trata de impulsar una “Comisión de
Seguimiento sobre la denuncia de Nisman y su muerte”, como propone el Senador
Morales. Ya las padecimos con Menem, cuando el Parlamento encubrió las
actividades delictivas del ex juez Galeano y sus secuaces, a través de una
Comisión Bicameral de Seguimiento de sus “investigaciones”, de la cual la
Presidenta se siente orgullosa de haber integrado.
Estamos
convencidos de que se puede conocer la verdad e impulsar justicia. Nosotros tenemos una propuesta.
La condición para saber la verdad
es abrir los archivos secretos que siguen cerrados y ponerlos a disposición de
una verdadera Comisión Investigadora Independiente. Tanto el oficialismo como
la oposición se niegan al debate democrático del Proyecto de ley para
constituir una Comisión Investigadora que presentamos en junio de 2014. Su
negativa a esta propuesta tan elemental sólo se explica en su necesidad de
seguir manipulando y encubriendo los crímenes perpetrados por el Estado
argentino.
En
estos momentos se juega la resolución de una brutal crisis política que el
gobierno pretende superar sin verdad y sin justicia. Su
intención de generar confianza en un Poder Judicial corrupto, compartida con la
oposición, con propuestas de leyes que no son ningún aporte para la resolución
de los crímenes, sólo generará nuevas frustraciones.
Ya
es tiempo de superar estas políticas que nos llevan de fracaso en fracaso.
Para terminar con la impunidad y
saber la verdad, hacemos un llamamiento a todo el pueblo argentino para que,
junto a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, impulsemos
una campaña exigiendo que se constituya en el Parlamento una Comisión Investigadora
Independiente, integrada por referentes incuestionables del pueblo argentino, los
familiares de las víctimas y diputados y senadores. Exigimos la apertura de los
archivos secretos, la disolución efectiva de la Secretaría de Inteligencia y el
esclarecimiento de la muerte de Nisman y de la masacre impune de la AMIA.
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