Martes, 17 de Febrero de 2015
Con la denuncia y posterior muerte
del fiscal Nisman se desencadenó una de las crisis
políticas más intensas de los últimos 30 años. Su muerte ha quedado inscripta
en la conciencia popular como un crimen político asociado a la masacre impune
de la AMIA, a la criminalidad del Estado y de sus servicios de inteligencia. Ésta
es la esencia de la grave crisis
política e institucional que envuelve al Gobierno, a la
oposición y a los tres poderes del Estado.
¿Qué papel juegan el oficialismo, la
oposición y las instituciones para superar esta crisis ante el
repudio social generalizado? Tanto el Gobierno como la oposición, y hasta los
fiscales, repiten que "hay que dejar actuar a la Justicia" y
"preservar su independencia". Es hipócrita. Son los mismos que en los
últimos años facilitaron o aceptaron las presiones de la ex SIDE sobre jueces y
fiscales.
La única
iniciativa del oficialismo para recuperarse del shock de la muerte del fiscal
fue apurar una ley que, en nombre de "disolver" la Secretaría de
Inteligencia, propone una reestructuración que agrava todos los problemas que
dijo venir a resolver: recontrata a todos los espías para ponerlos bajo la
dirección del general Milani; impide el acceso a la información secreta por los
próximos 25 años, incluso para el juez que se atreva a pedirla, y facilita el
manejo espurio de los fondos públicos para sus actividades delictivas. Es una
ley que refuerza el secreto, viola la legislación interna y genera más
impunidad. Una nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman y sin
esclarecer el atentado contra la AMIA.
El Gobierno
aún no pudo definir qué quiere hacer con la fiscalía especial AMIA. ¿Acaso
piensa reforzar la orientación anterior al Memorándum que exigen el Estado de
Israel y las direcciones de la DAIA y la AMIA, contra Irán? ¿O está dispuesto
el Gobierno a orientar la investigación hacia la acción criminal de los
servicios de inteligencia que entorpecieron la investigación del atentado y
encubrieron la responsabilidad del Estado argentino en aquél? Incapaz de
resolver esta tensión, ni siquiera puede decidir quién va a dirigir esa Unidad
Fiscal y hacia dónde.
Por su
parte, la oposición no consigue diferenciarse del Gobierno, con el agravante de
que varios de los opositores de hoy, como Alberto Fernández, Sergio Massa, el
ex ministro de Justicia Alberto Iribarne y el propio Macri, desde sus cargos de
gobierno, ya participaron en la trama del encubrimiento criminal o apoyaron la
acusación internacional. Aun cuando parecen oponerse a la nueva ley de
inteligencia, no formulan ninguna propuesta sobre el tema.
Cuando el
Gobierno y la oposición reconocen la dependencia de jueces y fiscales respecto
de los servicios de inteligencia, el reclamo que hacen de "dejar actuar a
la Justicia" propone mantener el aparato del Poder Judicial tal como está,
corrupto hasta la médula e inficionado por los servicios de inteligencia. Si
hasta los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, en el fallo de
inconstitucionalidad del Memorándum, reconocieron la incapacidad del Poder
Judicial para esclarecer el atentado. El resultado son 21 años de impunidad y
encubrimiento en el atentado contra la AMIA.
Hay quienes
alentados por las direcciones de la DAIA y la AMIA promueven la derogación del
Memorándum y reclaman que la Corte Suprema investigue la muerte de Nisman y el
atentado mismo. Pero derogar el Memorándum no impulsa ninguna investigación de
la verdad, mientras que forzar la intervención de la Corte Suprema implica
violar la Constitución y garantizar la impunidad. Vale la pena recordar que la
Corte liquidó cualquier investigación del atentado contra la embajada de
Israel, facilitó que Menem no fuera imputado por la voladura de Río Tercero y
dejó en libertad al ex comisario Castañeda, responsable de la desaparición de
los casetes que contenían pruebas de la causa AMIA.
Si dejar que
el Poder Judicial actúe es la propuesta del oficialismo y de la oposición, a
sabiendas de los más de 20 años sin respuestas en el crimen de la AMIA, ¿qué
podemos esperar del esclarecimiento de la muerte de Nisman y su denuncia contra
el Gobierno?
Con la
excusa de la muerte de Nisman y su denuncia, el llamado "consenso
parlamentario" del sector mayoritario de la oposición no se propone
abordar el esclarecimiento del crimen de la AMIA. Se trata, entonces, de una
maniobra electoral y de presión sobre el Gobierno que pretende dar por
esclarecido el atentado al acusar a Irán, cuando el propio juez de la causa
AMIA admitió que la acusación es apenas una hipótesis.
No tienen ni
idea de cómo superar 21 años de manipulación, secretos, encubrimiento e
impunidad.
Son los mismos que adhieren a la
marcha del silencio de mañana llamada por los fiscales
federales. Los fiscales, que dicen ser la representación y la voz del interés
general, exigen marchar en silencio. Pero el esfuerzo por amordazar a los
manifestantes de ninguna manera podrá ocultar el repudio social al
encubrimiento, los secretos de Estado y la corrupción que ellos mismos no
denunciaron hasta hoy.
Ya es tiempo
de superar estas políticas que nos llevan de fracaso en fracaso.
Un grupo de
intelectuales acaba de pronunciarse por una "comisión de esclarecimiento
del atentado" convocada por y dependiente del Poder Ejecutivo. Son
conscientes de que la impunidad en el crimen de la AMIA "horada la
democracia argentina y deslegitima a instituciones del Estado, así como a
partidos y dirigencia política". Para limitar sus consecuencias no
proponen la búsqueda de la verdad, sino el mejoramiento institucional. Por eso
no plantean ni abrir los archivos secretos ni cuestionar el desempeño de jueces
y funcionarios.
Nosotros
tenemos otra propuesta. Para terminar con la impunidad y esclarecer el atentado
contra la AMIA es indispensable constituir una comisión investigadora
independiente en el Parlamento, integrada por una mayoría de referentes
incuestionables del pueblo argentino, los familiares de las víctimas y una
representación minoritaria de diputados y senadores.
Para que la
comisión pueda hacer su trabajo es indispensable la apertura de todos los
archivos secretos sin distinción de jerarquía de clasificación y sin tener que
esperar otros 25 años, como plantea la futura ley de inteligencia.
Así podremos
alcanzar la verdad e impulsar el juicio y el castigo para todos los culpables.
apemia2002@yahoo.com.ar