Maniobras electorales en nombre de Nisman - Artículo de Opinión publicado en el Diario La Nación del 17-02-2015

Martes, 17 de Febrero de 2015


Con la denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman se desencadenó una de las crisis políticas más intensas de los últimos 30 años. Su muerte ha quedado inscripta en la conciencia popular como un crimen político asociado a la masacre impune de la AMIA, a la criminalidad del Estado y de sus servicios de inteligencia. Ésta es la esencia de la grave crisis política e institucional que envuelve al Gobierno, a la oposición y a los tres poderes del Estado.

¿Qué papel juegan el oficialismo, la oposición y las instituciones para superar esta crisis ante el repudio social generalizado? Tanto el Gobierno como la oposición, y hasta los fiscales, repiten que "hay que dejar actuar a la Justicia" y "preservar su independencia". Es hipócrita. Son los mismos que en los últimos años facilitaron o aceptaron las presiones de la ex SIDE sobre jueces y fiscales.

La única iniciativa del oficialismo para recuperarse del shock de la muerte del fiscal fue apurar una ley que, en nombre de "disolver" la Secretaría de Inteligencia, propone una reestructuración que agrava todos los problemas que dijo venir a resolver: recontrata a todos los espías para ponerlos bajo la dirección del general Milani; impide el acceso a la información secreta por los próximos 25 años, incluso para el juez que se atreva a pedirla, y facilita el manejo espurio de los fondos públicos para sus actividades delictivas. Es una ley que refuerza el secreto, viola la legislación interna y genera más impunidad. Una nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman y sin esclarecer el atentado contra la AMIA.
El Gobierno aún no pudo definir qué quiere hacer con la fiscalía especial AMIA. ¿Acaso piensa reforzar la orientación anterior al Memorándum que exigen el Estado de Israel y las direcciones de la DAIA y la AMIA, contra Irán? ¿O está dispuesto el Gobierno a orientar la investigación hacia la acción criminal de los servicios de inteligencia que entorpecieron la investigación del atentado y encubrieron la responsabilidad del Estado argentino en aquél? Incapaz de resolver esta tensión, ni siquiera puede decidir quién va a dirigir esa Unidad Fiscal y hacia dónde.
Por su parte, la oposición no consigue diferenciarse del Gobierno, con el agravante de que varios de los opositores de hoy, como Alberto Fernández, Sergio Massa, el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne y el propio Macri, desde sus cargos de gobierno, ya participaron en la trama del encubrimiento criminal o apoyaron la acusación internacional. Aun cuando parecen oponerse a la nueva ley de inteligencia, no formulan ninguna propuesta sobre el tema.
Cuando el Gobierno y la oposición reconocen la dependencia de jueces y fiscales respecto de los servicios de inteligencia, el reclamo que hacen de "dejar actuar a la Justicia" propone mantener el aparato del Poder Judicial tal como está, corrupto hasta la médula e inficionado por los servicios de inteligencia. Si hasta los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, en el fallo de inconstitucionalidad del Memorándum, reconocieron la incapacidad del Poder Judicial para esclarecer el atentado. El resultado son 21 años de impunidad y encubrimiento en el atentado contra la AMIA.
Hay quienes alentados por las direcciones de la DAIA y la AMIA promueven la derogación del Memorándum y reclaman que la Corte Suprema investigue la muerte de Nisman y el atentado mismo. Pero derogar el Memorándum no impulsa ninguna investigación de la verdad, mientras que forzar la intervención de la Corte Suprema implica violar la Constitución y garantizar la impunidad. Vale la pena recordar que la Corte liquidó cualquier investigación del atentado contra la embajada de Israel, facilitó que Menem no fuera imputado por la voladura de Río Tercero y dejó en libertad al ex comisario Castañeda, responsable de la desaparición de los casetes que contenían pruebas de la causa AMIA.
Si dejar que el Poder Judicial actúe es la propuesta del oficialismo y de la oposición, a sabiendas de los más de 20 años sin respuestas en el crimen de la AMIA, ¿qué podemos esperar del esclarecimiento de la muerte de Nisman y su denuncia contra el Gobierno?
Con la excusa de la muerte de Nisman y su denuncia, el llamado "consenso parlamentario" del sector mayoritario de la oposición no se propone abordar el esclarecimiento del crimen de la AMIA. Se trata, entonces, de una maniobra electoral y de presión sobre el Gobierno que pretende dar por esclarecido el atentado al acusar a Irán, cuando el propio juez de la causa AMIA admitió que la acusación es apenas una hipótesis.
No tienen ni idea de cómo superar 21 años de manipulación, secretos, encubrimiento e impunidad.
Son los mismos que adhieren a la marcha del silencio de mañana llamada por los fiscales federales. Los fiscales, que dicen ser la representación y la voz del interés general, exigen marchar en silencio. Pero el esfuerzo por amordazar a los manifestantes de ninguna manera podrá ocultar el repudio social al encubrimiento, los secretos de Estado y la corrupción que ellos mismos no denunciaron hasta hoy.
Ya es tiempo de superar estas políticas que nos llevan de fracaso en fracaso.
Un grupo de intelectuales acaba de pronunciarse por una "comisión de esclarecimiento del atentado" convocada por y dependiente del Poder Ejecutivo. Son conscientes de que la impunidad en el crimen de la AMIA "horada la democracia argentina y deslegitima a instituciones del Estado, así como a partidos y dirigencia política". Para limitar sus consecuencias no proponen la búsqueda de la verdad, sino el mejoramiento institucional. Por eso no plantean ni abrir los archivos secretos ni cuestionar el desempeño de jueces y funcionarios.
Nosotros tenemos otra propuesta. Para terminar con la impunidad y esclarecer el atentado contra la AMIA es indispensable constituir una comisión investigadora independiente en el Parlamento, integrada por una mayoría de referentes incuestionables del pueblo argentino, los familiares de las víctimas y una representación minoritaria de diputados y senadores.
Para que la comisión pueda hacer su trabajo es indispensable la apertura de todos los archivos secretos sin distinción de jerarquía de clasificación y sin tener que esperar otros 25 años, como plantea la futura ley de inteligencia.

Así podremos alcanzar la verdad e impulsar el juicio y el castigo para todos los culpables.
apemia2002@yahoo.com.ar

Discurso de Laura Ginsberg en el Acto Contra la Impunidad del 4 de Febrero de 2015

Miércoles 4 de Febrero de 2015
Han pasado 17 días de la muerte del fiscal Nisman. Seguimos consternados e indignados, tanto por la brutalidad de su desaparición física como por las consecuencias políticas e institucionales que trajo aparejadas. Volvieron los recuerdos y los temores de crímenes políticos de un pasado que creíamos haber superado.
Nisman había sido elegido por el ex presidente Néstor Kirchner como fiscal a cargo de orientar la investigación del atentado a la AMIA hacia la responsabilidad de Irán, para lo cual trabajó de la mano de Stiusso y sus secuaces durante una década, manipulando informes de inteligencia que hasta hoy permanecen ocultos. Aún así, no pudo probar nada.
Con la muerte del fiscal no sólo se cierra formalmente el capítulo de la acusación internacional contra Irán que lo tuvo como protagonista, sino que además se entierra lo que queda de la llamada “causa AMIA”.
Una vez que el gobierno argentino firmó el Memorando con Irán, el fiscal Nisman quedó aislado. Lo habían dejado montando un caballo equivocado en la mitad del río. Después de insistir con su acusación, cambió el planteo y terminó por denunciar al gobierno por encubrimiento después de ocho años de escuchas telefónicas. Nisman impulsó la acusación internacional sabiendo que el gobierno jugaba a dos puntas: por un lado, promovía su acusación contra Irán junto con Estados Unidos e Israel, mientras que por el otro buscaba un acuerdo político con Irán.
Con su última denuncia, el fiscal sumó las políticas de 12 años de gobierno Kirchner a la “vergüenza nacional” anterior, totalizando 20 años de encubrimiento e impunidad en el atentado. 
La muerte de Nisman está inscripta en la conciencia popular como un crimen político asociado a la impunidad de la masacre de la AMIA, que todos vinculamos al accionar criminal de los servicios de inteligencia que entorpecieron la investigación del atentado y encubrieron la responsabilidad del Estado argentino en el mismo.
Esta es la esencia de la grave crisis política e institucional que envuelve al gobierno, a la oposición política y a los tres poderes del Estado.
Nisman ya no está y el gobierno trata de controlar las consecuencias políticas de su muerte, presentándose como una víctima de Stiusso, su principal operador en el Servicio de Inteligencia, que creció al amparo de la dirección política del Estado nacional desde los tiempos de la dictadura militar.

¿Qué nos proponen ahora para superar esta crisis?
Por una parte, la Procuradora Gils Carbó busca mantener la Fiscalía a flote. Sin embargo, para encarar una futura investigación, no se propone revisar la orientación que siguieron en el pasado. Entonces, si van a ir por el mismo camino que nos trajo hasta acá, lo cierto es que no van a dar respuesta a nuestra exigencia de verdad y justicia.
No tienen ni idea de cómo superar 20 años de manipulación, secretos, encubrimiento e
impunidad. La investigación sobre la muerte de Nisman parece transitar el mismo camino. Asistimos a un momento de profunda descomposición política que el gobierno de Kirchner pretende remendar con fiscales probos y renovados.  

Por otra parte, la Presidenta Kirchner convocó a sesiones extraordinarias en el Parlamento para tratar la reforma de la Secretaría de Inteligencia. La Presidenta anunció la “disolución” de la Secretaría de Inteligencia cuando apenas se propone una reestructuración burocrática, un maquillaje, sin dar a conocer la nómina de todos los espías ni mostrar todos los archivos secretos que sigue manteniendo ocultos. Habla de “disolución” pero los re-contrata a todos para ponerlos bajo la dirección de Milani.
Su iniciativa no termina con la criminalidad y prolongará la impunidad. Se trata de una nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman sin esclarecer el atentado a la AMIA.

En pleno año electoral, la oposición de Massa y Macri insisten en “dejar actuar a la justicia”. En este punto, no se diferencian en nada del gobierno de Kirchner, con el agravante que varios de los opositores de hoy como Alberto Fernández, Sergio Massa, el ex Ministro de Justicia Iribarne y el propio Macri, desde sus cargos de gobierno, ya participaron en la trama del encubrimiento criminal o apoyaron la acusación internacional para esconder las responsabilidades propias del Estado argentino en el atentado.
Alentados por las direcciones de DAIA y AMIA, sus propuestas son derogar el Memorando e involucrar a la Corte Suprema en la investigación de la muerte de Nisman y en el atentado a la AMIA. Pero derogar el Memorando no impulsa ninguna investigación de la verdad, mientras que entregarse a la Corte Suprema implica garantizar la impunidad por otros 20 años más. Vale la pena recordar que la Corte liquidó cualquier investigación del atentado a la Embajada de Israel, facilitó que Menem no fuera imputado por la voladura de Río III y dejó en libertad al ex comisario Castañeda, responsable de la desaparición de los cassettes conteniendo pruebas de la causa AMIA.
Como si fuera poco, Massa y Macri junto a la dirección de DAIA y AMIA, insisten en la reforma del Código Penal para facilitar el “juicio en ausencia” contra los iraníes, como si alguien creyera que así se logrará saber la verdad sobre el atentado.
El oficialismo y la oposición no pueden mostrar una sola idea creíble para resolver los crímenes de la AMIA y del fiscal. Ni se lo proponen. No nos engañamos ni nos sumamos a propuestas distraccionistas. 
Si lo que está en juego es “terminar con la impunidad”, no se trata de impulsar una “Comisión de Seguimiento sobre la denuncia de Nisman y su muerte”, como propone el Senador Morales. Ya las padecimos con Menem, cuando el Parlamento encubrió las actividades delictivas del ex juez Galeano y sus secuaces, a través de una Comisión Bicameral de Seguimiento de sus “investigaciones”, de la cual la Presidenta se siente orgullosa de haber integrado.

Estamos convencidos de que se puede conocer la verdad e impulsar justicia. Nosotros  tenemos una propuesta.
La condición para saber la verdad es abrir los archivos secretos que siguen cerrados y ponerlos a disposición de una verdadera Comisión Investigadora Independiente. Tanto el oficialismo como la oposición se niegan al debate democrático del Proyecto de ley para constituir una Comisión Investigadora que presentamos en junio de 2014. Su negativa a esta propuesta tan elemental sólo se explica en su necesidad de seguir manipulando y encubriendo los crímenes perpetrados por el Estado argentino.

En estos momentos se juega la resolución de una brutal crisis política que el gobierno pretende superar sin verdad y sin justicia. Su intención de generar confianza en un Poder Judicial corrupto, compartida con la oposición, con propuestas de leyes que no son ningún aporte para la resolución de los crímenes, sólo generará nuevas frustraciones.
Ya es tiempo de superar estas políticas que nos llevan de fracaso en fracaso.
Para terminar con la impunidad y saber la verdad, hacemos un llamamiento a todo el pueblo argentino para que, junto a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, impulsemos una campaña exigiendo que se constituya en el Parlamento una Comisión Investigadora Independiente, integrada por referentes incuestionables del pueblo argentino, los familiares de las víctimas y diputados y senadores. Exigimos la apertura de los archivos secretos, la disolución efectiva de la Secretaría de Inteligencia y el esclarecimiento de la muerte de Nisman y de la masacre impune de la AMIA.