Miércoles 4 de Febrero de 2015
Han pasado 17 días de la muerte
del fiscal Nisman. Seguimos consternados e indignados, tanto por la brutalidad
de su desaparición física como por las consecuencias políticas e institucionales
que trajo aparejadas. Volvieron los recuerdos y los temores de crímenes
políticos de un pasado que creíamos haber superado.
Nisman había sido elegido por el
ex presidente Néstor Kirchner como fiscal a cargo de orientar la investigación
del atentado a la AMIA hacia la responsabilidad de Irán, para lo cual trabajó
de la mano de Stiusso y sus secuaces durante una década, manipulando informes
de inteligencia que hasta hoy permanecen ocultos. Aún así, no pudo probar nada.
Con la muerte del fiscal no sólo
se cierra formalmente el capítulo de la acusación internacional contra Irán que
lo tuvo como protagonista, sino que además se entierra lo que queda de la
llamada “causa AMIA”.
Una vez que el gobierno argentino
firmó el Memorando con Irán, el fiscal Nisman quedó aislado. Lo habían dejado montando un
caballo equivocado en la mitad del río. Después de insistir con su acusación, cambió
el planteo y terminó
por denunciar al gobierno por encubrimiento después de ocho años de escuchas
telefónicas. Nisman impulsó la acusación internacional sabiendo que el gobierno
jugaba a dos puntas: por un lado, promovía su acusación contra Irán junto con
Estados Unidos e Israel, mientras que por el otro buscaba un acuerdo político
con Irán.
Con su última denuncia, el fiscal
sumó las políticas de 12 años de gobierno Kirchner a la “vergüenza nacional”
anterior, totalizando 20 años de encubrimiento e impunidad en el atentado.
La muerte de Nisman está
inscripta en la conciencia popular como un crimen político asociado a la impunidad
de la masacre de la AMIA, que todos vinculamos al accionar criminal de los
servicios de inteligencia que entorpecieron la investigación del atentado y
encubrieron la responsabilidad del Estado argentino en el mismo.
Esta
es la esencia de la grave crisis política e institucional que envuelve al
gobierno, a la oposición política y a los tres poderes del Estado.
Nisman
ya no está y el gobierno trata de controlar las consecuencias políticas de su
muerte, presentándose como una víctima de Stiusso, su principal operador en el
Servicio de Inteligencia, que creció al amparo de la dirección política del
Estado nacional desde los tiempos de la dictadura militar.
¿Qué nos proponen ahora para
superar esta crisis?
Por una parte, la Procuradora
Gils Carbó busca mantener la Fiscalía a flote. Sin embargo, para encarar una
futura investigación, no se propone revisar la orientación que siguieron en el
pasado. Entonces, si van a ir por el mismo camino que nos trajo hasta acá, lo
cierto es que no van a dar respuesta a nuestra exigencia de verdad y justicia.
No tienen ni idea de cómo superar
20 años de manipulación, secretos, encubrimiento e
impunidad.
La investigación sobre la muerte de Nisman parece transitar el mismo camino. Asistimos a un momento de profunda descomposición
política que el gobierno de Kirchner pretende remendar con fiscales probos y
renovados.
Por otra parte, la Presidenta
Kirchner convocó a sesiones extraordinarias en el Parlamento para tratar la
reforma de la Secretaría de Inteligencia. La Presidenta anunció la “disolución”
de la Secretaría de Inteligencia cuando apenas se propone una reestructuración
burocrática, un maquillaje, sin dar a conocer la nómina de todos los espías ni
mostrar todos los archivos secretos que sigue manteniendo ocultos. Habla de
“disolución” pero los re-contrata a todos para ponerlos bajo la dirección de
Milani.
Su
iniciativa no termina con la criminalidad y prolongará la impunidad. Se trata
de una nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman sin esclarecer el
atentado a la AMIA.
En pleno año electoral, la
oposición de Massa y Macri insisten en “dejar actuar a la justicia”. En este
punto, no se diferencian en nada del gobierno de Kirchner, con el agravante que
varios de los opositores de hoy como Alberto Fernández, Sergio Massa, el ex
Ministro de Justicia Iribarne y el propio Macri, desde sus cargos de gobierno,
ya participaron en la trama del encubrimiento criminal o apoyaron la acusación
internacional para esconder las responsabilidades propias del Estado argentino
en el atentado.
Alentados por las direcciones de
DAIA y AMIA, sus propuestas son derogar el Memorando e involucrar a la Corte
Suprema en la investigación de la muerte de Nisman y en el atentado a la AMIA.
Pero derogar el Memorando no impulsa ninguna investigación de la verdad,
mientras que entregarse a la Corte Suprema implica garantizar la impunidad por
otros 20 años más. Vale la pena recordar que la Corte liquidó cualquier
investigación del atentado a la Embajada de Israel, facilitó que Menem no fuera
imputado por la voladura de Río III y dejó en libertad al ex comisario
Castañeda, responsable de la desaparición de los cassettes conteniendo pruebas de
la causa AMIA.
Como si fuera poco, Massa y Macri
junto a la dirección de DAIA y AMIA, insisten en la reforma del Código Penal
para facilitar el “juicio en ausencia” contra los iraníes, como si alguien
creyera que así se logrará saber la verdad sobre el atentado.
El
oficialismo y la oposición no pueden mostrar una sola idea creíble para
resolver los crímenes de la AMIA y del fiscal. Ni se lo proponen. No nos
engañamos ni nos sumamos a propuestas distraccionistas.
Si lo que está en juego es
“terminar con la impunidad”, no se trata de impulsar una “Comisión de
Seguimiento sobre la denuncia de Nisman y su muerte”, como propone el Senador
Morales. Ya las padecimos con Menem, cuando el Parlamento encubrió las
actividades delictivas del ex juez Galeano y sus secuaces, a través de una
Comisión Bicameral de Seguimiento de sus “investigaciones”, de la cual la
Presidenta se siente orgullosa de haber integrado.
Estamos
convencidos de que se puede conocer la verdad e impulsar justicia. Nosotros tenemos una propuesta.
La condición para saber la verdad
es abrir los archivos secretos que siguen cerrados y ponerlos a disposición de
una verdadera Comisión Investigadora Independiente. Tanto el oficialismo como
la oposición se niegan al debate democrático del Proyecto de ley para
constituir una Comisión Investigadora que presentamos en junio de 2014. Su
negativa a esta propuesta tan elemental sólo se explica en su necesidad de
seguir manipulando y encubriendo los crímenes perpetrados por el Estado
argentino.
En
estos momentos se juega la resolución de una brutal crisis política que el
gobierno pretende superar sin verdad y sin justicia. Su
intención de generar confianza en un Poder Judicial corrupto, compartida con la
oposición, con propuestas de leyes que no son ningún aporte para la resolución
de los crímenes, sólo generará nuevas frustraciones.
Ya
es tiempo de superar estas políticas que nos llevan de fracaso en fracaso.
Para terminar con la impunidad y
saber la verdad, hacemos un llamamiento a todo el pueblo argentino para que,
junto a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, impulsemos
una campaña exigiendo que se constituya en el Parlamento una Comisión Investigadora
Independiente, integrada por referentes incuestionables del pueblo argentino, los
familiares de las víctimas y diputados y senadores. Exigimos la apertura de los
archivos secretos, la disolución efectiva de la Secretaría de Inteligencia y el
esclarecimiento de la muerte de Nisman y de la masacre impune de la AMIA.